Respuestas a los medios de comunicación

P.- Al ministro del Interior. Para que la gente nos entienda, por ejemplo, con esta nueva Ley en vigor ¿en qué habría cambiado lo que ha pasado, por ejemplo, en la protesta frente al Parlament de Cataluña, de la que hemos visto la sentencia esta semana? ¿Cómo actúa esta Ley? ¿Qué cambios, por ejemplo, en una situación así, que tiene todas las cosas que usted ha comentado?

A la vicepresidenta le quería plantear: ¿al Gobierno le parece razonable que algo tan importante como una reunión de Rajoy y Mas esté dependiendo de quién llama primero? ¿Se han planteado llamar ustedes? ¿Resolverlo? ¿Va a haber reunión?

Y ayer le escuchamos a usted hablar de regeneración política y de ejemplaridad. Le quería preguntar si eso es compatible con mantener, por ejemplo, los casos escandalosos de Sonia Castedo como alcaldesa de Alicante o Juan Cotino, presidente de las Cortes. En general, el discurso que hizo ayer todo el mundo lo ha interpretado como que iba contra Podemos. ¿Tienen una especial preocupación? ¿Creen que esto puede movilizar el voto conservador? ¿Por qué todo el Gobierno, no sólo usted, se parece concentrar en ese asunto?

Sr. Fernández.- En relación con la pregunta que a mí me ha dirigido, tengo que decir que fundamentalmente no, porque, en principio, entendió de esa cuestión la Audiencia Nacional por entender que esas conductas incurrían en el Capítulo III del Código Penal, en la sección primera, referida a delitos contra las instituciones del Estado.

Si me permite, yo le voy a leer uno, el artículo 498, y luego le digo una cosa. El artículo 498 del vigente Código Penal dice lo siguiente: "los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones --sigue-- serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años". Eso dice el artículo 498 del Código Penal, dentro de la sección, que empieza con el artículo 492, de delitos contra las instituciones del Estado.

Dicho eso, yo le voy a decir lo siguiente: como sabe usted, cuando se levanta por parte de la Policía un atestado, si consideran que hay un presunto delito, se lo dirigen a la autoridad judicial; si consideran que esa conducta es merecedora de una sanción administrativa, abren un expediente administrativo con una propuesta de imposición de sanción. Si se abre un procedimiento penal, queda en suspenso el procedimiento administrativo que sólo se reanuda, en su caso, cuando finaliza el penal o queda archivado.

En ese caso, y sólo en este caso que nos ocupa, en la medida en que han quedado absueltos… Lo que pasa es que ya ha anunciado la Fiscalía General del Estado que se va a recurrir ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo esa sentencia. Por tanto, el procedimiento penal no ha finalizado pero, si hubiera finalizado ya y hubieran quedado absueltos, evidentemente la vía administrativa hubiera quedado abierta y, en la medida en que esas conductas hubieran sido susceptibles de ser incardinadas en algunos de estos preceptos aquí contenidos, como mínimo, no hubiéramos quedado entre la absolución total por vía penal y nada más, sino que hubieran llevado una sanción administrativa adecuada a esas conductas que vimos todos a través de los medios de comunicación. Y supongo que se me entiende.

He querido leer literalmente el precepto para que cada uno extraiga sus consecuencias a la luz de lo acontecido.

Vicepresidenta.- Sobre su segunda pregunta, en relación con la reunión de Artur Mas y el presidente del Gobierno, quiero informarles de que ambos han hablado esta mañana. El presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno han mantenido una conversación telefónica cordial y, a partir de ahí, trabajaremos para que pueda concertarse un encuentro.

Sobre la tercera de las cuestiones, me gustaría señalar una cuestión: yo ayer intervine en un acto de partido, del que soy miembro y militante, y expuse mi opinión política sobre lo que yo veo que tiene que ser la transparencia y la regeneración democrática, y sobre lo que políticamente, y como militante activo de un partido, considero que son los retos a los que se enfrenta ese proceso de regeneración democrática, desde extremismos, populismos, etc., etc.; un sinfín de cuestiones, porque fue una intervención larga. No sólo hablé de esto, hablé de otras muchas más cosas.

Como miembro de un Gobierno, con mis compañeros aquí lo que hacemos es la que política que defiende el partido que sustenta al Gobierno, que es nuestro programa, tratamos de aplicarla en normas y en actos que puedan servir a esos fines y a esas ideas que consideramos las más adecuadas en ese proceso de regeneración democrática. Y como miembros de ese Gobierno hemos aprobado en Consejo de Ministros leyes importantes; no sólo la primera Ley de Transparencia de la democracia --no había habido ninguna con anterioridad--, o cambios en el sistema de funcionamiento de los partidos.

Recientemente hemos remitido dos leyes importantes. La primera es la Ley de Control económico-financiero de los partidos, al Congreso; una Ley que, además de reforzar el análisis de la contabilidad y la transparencia de los partidos, por ejemplo, incide en una cuestión de la que se ha hablado mucho estos días: de las donaciones, condonaciones de deuda o condiciones privilegiadas en los créditos a los partidos políticos. Pues bien, el Gobierno ha remitido a las Cortes un Proyecto de Ley que, entre otras cuestiones, prohíbe condonaciones de deuda o prohíbe que a los partidos políticos se les dé condiciones de crédito, de cualquier tipo, incluidos diferenciales de intereses, distintos a los de mercado.

Otra Ley importante es la Ley del ejercicio del alto cargo, en este caso de la Administración General del Estado, que trata de traducir al terreno normativo lo que más allá de las leyes es también, y debe ser también, una actitud personal, que es un Código de Buen Gobierno.

Por tanto, son dos facetas en la vida de una persona, indudablemente complementarias, y no puedo opinar distinto en el Gobierno que en el Partido Popular; pero, como comprenderá, con registros distintos, porque esta mesa es la del Consejo de Ministros y yo creo que un Gobierno desde esta mesa tiene que ser respetuoso con todas las opciones políticas. Somos Gobierno de todos pero, como partido político y como militante que soy, lógicamente, expreso mi opinión, porque la tengo.

P.- Vicepresidenta, yo tengo una pregunta para el ministro del Interior y otra para usted.

Al ministro del Interior. Me gustaría que me precisara si esas recomendaciones que dicen haber escuchado de Intermon-Oxfam y de Amnistía Internacional, si algunas de ellas, además de escucharlas, se han incluido en el Proyecto de Ley.

A la Vicepresidenta. Me gustaría saber --si se puede, claro-- de quién ha partido la iniciativa de la conversación entre el señor Mas y Rajoy, si cabe esperar que esa posible reunión sea antes del mes de agosto y si hay algún límite en la conversación que puedan llegar a mantener; es decir, si hay algún asunto o algún tema vetado, del que no se pueda hablar.

Sr. Fernández.- Pues sí, alguna. Por ejemplo, el trámite de audiencias a esas instituciones se lo dio también el Consejo de Estado. Por tanto, hemos visto, y es normal que haya sido así, que algunas de las sugerencias o peticiones que a nosotros nos trasladaron también fueran recogidas, algunas de ellas, en el dictamen del Consejo de Estado.

Quiero decir que un Proyecto de Ley como éste no tiene trámite de audiencia, pero se dirigieron a nosotros; pidieron vernos y, lógicamente, les atendimos. Tuvimos diversas reuniones, en las que no voy a ocultar, como dije antes, que partimos de presupuestos radicalmente distintos; pero eso no impide que, evidentemente, como personas civilizadas que somos, habláramos y, además, en un ambiente de mutuo respeto y de cordialidad, incluso.

Efectivamente, algunas de esas observaciones a las que usted se refiere yo se las puedo decir. Por ejemplo, en lo que hace referencia a la diligencia e identificación, aquí estamos hablando de lo que comúnmente se entendía, aunque no es una figura jurídica reconocida y regulada como tal, como la figura de la retención. Ya saben ustedes que se hablaba de que era una especie de "tertium genus", hablando en términos jurídicos, entre la libertad y la detención, y que no cabía un intermedio entre el o estás libre o estás detenido, pero eso de estar retenido… Daba lugar a esas situaciones en las que, precisamente para acreditar la identificación de una persona que no se podía hacer in situ ni por medios telemáticos, y había que trasladarlo a la Comisaría o al puesto de la Guardia Civil adecuado para precisamente verificar la identidad de esa persona, estaba durante un tiempo en una situación en la que ni estaba detenido, porque no estaba detenido, pero tampoco estaba en libertad.

Esto se recoge en la Ley y se regula, de tal manera que se garantiza, como he dicho antes, que estará por un tiempo máximo de seis horas. Además, de esas diligencias de identificación se llevará un libro-registro que mensualmente se remitirá al Ministerio Fiscal y, además --ésta es una observación que nos hicieron ellos y la hemos recogido--, se les expedirá un volante acreditativo de que han estado durante el tiempo que han estado, los funcionarios que han practicado esa diligencia, etc., etc., para que esa persona, a los efectos que proceda, pueda acreditar que ha sido sometida a esa diligencia de identificación.

También nos pidieron que la disolución de manifestaciones fuera la última ratio de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; es decir, que si hubiera otra medida ante la situación en la que se estuviera desarrollando esa manifestación exigiera la intervención de los Cuerpos de Seguridad, que la última ratio siempre fuera la disolución. La hemos recogido porque, además, eso es congruente con el principio de proporcionalidad, que es uno de los principios que la jurisprudencia constitucional ha ido estableciendo a lo largo de los años de vigencia de la actual Ley y que, por otra parte, ya se recoge aquí también, en este nuevo Proyecto de Ley.

Podría decirle algunas más. También la que hace referencia a las diligencias de cacheo, que se establezcan bajo el principio de injerencia mínima, con esas garantías en cuanto a la intimidad de la persona; que sean practicadas por una persona del mismo sexo, etc., etc. Hay órganos como el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, o el propio dictamen del Consejo de Estado, que hacen referencia a ello; pero también ellos nos lo habían formulado. Es decir, ha habido una concurrencia de voluntades a la hora de plantear esas observaciones, que han sido recogidas.

Podía citarle algunas más, pero ya me quedo aquí para poner de manifiesto que efectivamente ha sido así. Hay otras que, evidentemente, no las hemos podido recoger, como es evidente.

Vicepresidenta.- Sobre su pregunta en relación con esa conversación, permítame que no entre yo a alimentar lo que precisamente se está viendo estos días. Creo que lo importante es que han hablado, que en los dos hay voluntad de hacerlo y que se trabajará para que así sea. No les puedo concretar la fecha.

Y decirles que, por lo demás, al margen de esta conversación, el presidente del Gobierno ha dejado siempre clara cuál es la posición que tiene el Gobierno de la nación, una posición que no puede ser otra que no contravenir lo que el propio Parlamento, el Congreso de los Diputados, y el Tribunal Constitucional han destacado. Para nosotros ese referéndum de autodeterminación, como se ha dicho por otras instituciones, no tiene cabida. Eso se le ha transmitido siempre y con carácter general al presidente de la Generalitat, y estamos dispuestos a dialogar en los términos en los que nos permite nuestra propia obligación, que es cumplir la Constitución y las Leyes.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por la Comisión Europea, que ha abierto una investigación sobre las cuentas de la Comunidad Valenciana por una posible manipulación. Quería saber si al Gobierno le preocupa; también, si le preocupa en el sentido de que afecte a la credibilidad de las cuentas del Estado si se confirma esa posible manipulación.

Una segunda pregunta, para la Vicepresidenta también, es sobre los contactos que ha tenido Luis Bárcenas con la Camorra, según se desprende de las conversaciones intervenidas en la investigación judicial. ¿Qué le parece o qué le sugiere este tipo de contactos que ha tenido Bárcenas con la Camorra, y esa afirmación de que la mafia y la política son lo mismo?

Por último, quería insistir con la próxima reunión del presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat. ¿Se va a hablar de consulta o eso no se va a tocar? ¿Se lo ha dejado claro el Presidente que no se va a hablar de la consulta en esa reunión? En todo caso, si no se habla de la consulta, la agenda ¿en qué consistirá? ¿En temas económicos o alguno más?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, en relación con la decisión que pueda adoptar el Colegio de Comisarios de iniciar un procedimiento de investigación en relación con las estadísticas de la Comunidad Valenciana, quiero señalar que se trata de un ámbito de investigación que se refiere a los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

Por parte del Gobierno, la disposición es absoluta a esa colaboración; pero, como digo, ya no hay ninguna referencia después de las cuentas de 2012. A partir de abril de 2012 no ha habido ninguna objeción a las mismas.

Pero, más allá de esto y de esta colaboración, que indudablemente tendremos, yo quiero señalar cuál ha sido la actuación del Gobierno y de las Cortes desde al año 2012: aprobamos una Ley de Estabilidad Presupuestaria y una Ley de Transparencia que fortalecían la presentación de esas cuentas, su transparencia absoluta --de hecho, les inundamos a ustedes periódicamente con datos contables de la situación de todas las Administraciones--, y el establecimiento, incluso, de mecanismos en caso de incumplimientos. Es decir, esto confirma la necesidad que ha hecho este Gobierno de aprobar leyes que incrementaran la transparencia y que incrementaran el control.

Un siguiente paso que hemos hecho es la constitución de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que coadyuvará también a todas estas tareas del máximo control y de la máxima transparencia.

Por tanto, se refieren al momento al que se refieren; con posterioridad a 2012 no ha habido objeción; el Ministerio y el Gobierno, en su conjunto, dispuestos a colaborar, como siempre hemos hecho y nos corresponde, y esto nos afirma y ratifica que es bueno el control y que han sido muy oportunas una Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una Ley de Transparencia y la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha dado fortaleza y transparencia a nuestras cuentas públicas.

En relación con la segunda de sus preguntas, no tengo ninguna información. Es un asunto sometido a secreto de sumario y, como comprenderá, nosotros somos respetuosos con los secretos de sumario. No le puedo informar nada más.

Y sobre la reunión, no se han acotado los términos en esa conversación. Yo le digo que el presidente del Gobierno mantendrá su posición en un aspecto clave, que es el referéndum de autodeterminación. Lo ha hecho siempre, y además tiene que mantenerla, entre otras cuestiones, porque es la posición del Congreso de los Diputados y la posición del Tribunal Constitucional, interpretando y aplicando nuestra propia Constitución, y sobre eso no puede disponer ningún gobernante.

P.- Vicepresidenta, sobre la reunión de Rajoy y Artur Mas ha dicho que no podía concretar fecha. ¿Haríamos bien en suponer que existe esa fecha?

Vicepresidenta.- No haría bien; no la hay. Como comprenderán, en estas cosas de las agendas suelen ser los equipos los que, al final, van cuadrando las cosas. O sea que, no haría bien si sospecha que la hay. No la hay.

P.- En segundo lugar, sobre la aprobación de estos últimos Planes de Cuenca, ha dicho que concluyen el primer ciclo de planificación. Me imagino que faltará el Plan Hidrológico Nacional, que deberá empezar a negociarse, a partir de ahora, con las Comunidades Autónomas. ¿Han iniciado esos contactos? ¿Manejan algún plazo para completarlo? ¿Qué filosofía o cuáles son las bases que deberán sustentar ese diálogo?

Vicepresidenta.- He dicho la primera fase, porque nos va a pasar lo siguiente: Como se iba tan retrasado en la aprobación de los Planes iniciales, hemos acabado la planificación y tenemos inmediatamente que ponernos hacer su revisión. Como los Planes tenían que haber estado aprobados en 2009, sólo se aprobó uno antes de 2011 y de 2012 a 2014 hemos tenido que aprobar una atacada de once, ahora tenemos que ponernos casi inmediatamente a revisar los Planes que acabamos de aprobar. Esto es lo que pasa por no respetar los plazos que nos marca la Unión Europea. Y tanto en eso como cualquier otra decisión, se trabajará como se ha intentado hacer en estos doce Planes: con consenso; trabajando con las Comunidades Autónomas, los organismos de Cuenca, los diferentes agentes económicos y sociales implicados para lograr un consenso.

Pero, como ya digo, casi inmediatamente de aprobados vamos a tener que empezar a discutir su renovación. Me imagino que no habrá muchos cambios, porque algunos, como digo, acaban de aprobarse hoy.

P.- Quería preguntarle también por la conversación entre el Presidente del Gobierno y el señor Artur Mas. ¿Ha sido breve, ha sido larga? ¿Cómo la calificaría? ¿Se sabe ya dónde podría ser la reunión?

Sobre otro asunto. ¿Puede decirnos cuanto ha costado la proclamación del Rey?

Vicepresidenta.- Sobre si ha sido breve o ha sido larga, ha sido suficiente, que me parece que es una buena manera de medir la noción del tiempo. Tiene por objeto eso, entablar una conversación que termine en una reunión, en un contacto. Y no le puedo decir donde se va a celebrar, porque de eso no han hablado. Yo le he contado lo que sé y se lo he trasmitido.

Sobre cuánto ha costado la proclamación, no lo sé. No le puedo dar el dato, porque en estos momentos no tengo la información suficiente. Tenga presente que hay gastos que corresponden al Congreso de los Diputados; hay gastos que corresponden al Senado y a la propia Casa Real; otros gastos, al Gobierno, a Interior… No le puedo en este momento dar información sobre ese dato.

P.- Para el ministro Wert. A ver si he entendido bien. ¿El Gobierno central adelantará primero el coste del colegio privado a la vez que retiene a la Administración autonómica lo que cueste? Eso, por un lado.

Y después, la Generalitat de Cataluña ya ha dicho que va a recurrir esta decisión del Gobierno, porque considera que es un abuso de poder y, a su juicio, supone una confiscación de la autonomía. Quería saber qué opina de estas afirmaciones.

Y después a la Vicepresidenta. Sobre el tema de la proclamación, ¿el Gobierno tiene pensado dar el coste global en algún momento?

Sr. Wert.- Sobre la primera de las cuestiones, sí. La relación de reintegro de los gastos de escolarización en primera instancia se establece entre el Ministerio y el titular del derecho, el beneficiario. Una vez que está reconocido el derecho con el límite al que ya me he referido, que es el límite del coste de escolarización en un centro público, se hacen liquidaciones mensuales, que normalmente es el mismo período en el que los centros cargan los costes de escolarización.

Voy a leérselo en los términos literales en que el Real Decreto lo establece, que es el artículo 8.2 del Real Decreto y que dice exactamente: "El Estado podrá deducir o retener de los importes satisfechos por todos los recursos de regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas el importe de los gastos de escolarización en centros privados, asumidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por cuenta de las Comunidades Autónomas". Como puede deducirse de la lectura, el Estado se reserva la posibilidad de deducirlos o retenerlos.

¿Abuso de poder? Evidentemente, este Real Decreto tiene un anclaje competencial en la capacidad de dictar legislación básica del Estado. Por lo que se refiere a la práctica totalidad del contenido del Real Decreto, es decir, el 149.1.1 y el 149.1.30, que es el que se refiera a la materia educativa. Y en lo que se refiere al artículo octavo, que el que tiene que ver con la repercusión de los gastos efectivos de escolarización, se dicta al amparo del 149.1.14 de la Constitución.

Yo creo… Creo, no; estoy convencido de que no existe ningún tipo de abuso de poder por una razón básica: se sigue escrupulosamente lo que la doctrina constitucional establece, tanto en cuanto al hecho de que la programación educativa es competencia de las Administraciones educativas, y eso evidentemente incluye el planteamiento lingüístico, como al hecho de que la condición para considerar conforme a la Constitución esa programación educativa en lo que a la programación lingüística se refiere, exige el hecho de que se contemple el castellano, de que exista oferta sostenida con fondos públicos que tenga el castellano como lengua vehicular.

Por tanto, no hay confiscación competencial alguna. Naturalmente, cualquier Comunidad Autónoma, la que usted ha mencionado o cualquier otra que considere que pueda recurrirlo, lo va a hacer. De hecho, no constituye ninguna sorpresa, toda vez que la Comunidad Autónoma de Cataluña había ya recurrido por esta materia ante el Tribunal Constitucional y aquí lo único que hay es una aplicación administrativa de algo que está dentro de la Ley.

Pero, insisto, el Gobierno está muy tranquilo respecto a la aptitud del título competencial que esgrime para sentar su competencia en la cuestión.

Sr. Fernández Díaz.- Me da la palabra la señora Vicepresidenta en relación con lo que ha preguntado del coste del dispositivo. Ella ya se ha referido. y con muy buen criterio, evidentemente, a que, como es público y notorio, desde la abdicación del Rey, el día 2 de junio, hasta la proclamación el día 19, que yo sepa, ahí se producen unas sesiones para aprobar el Proyecto de Ley de Abdicación --eso forma parte de la normalidad del funcionamiento del Congreso--; ya se ha referido ella, evidentemente, a la sesión extraordinaria de las Cortes Generales durante la cual se produjo el juramento de la Constitución por parte del Rey y, después, una recepción en el Palacio Real.

Creo, me atrevo a pensar, que el mayor coste sería el coste de seguridad y, en la medida en que ha sido el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, quien ha coordinado el dispositivo de seguridad a lo largo de todos esos días, empiezo con una primera reflexión: cualquier coste sería infinitamente inferior al que hubiera significado el que se hubiera producido algún atentado de algún tipo. Porque estamos hablando del relevo en la Jefatura del Estado, que se ha producido, además, por primera vez en 39 años; o sea, que se no es algo que se produce un día sí y otro también.

Creo que, si España de algo puede legítimamente sentirse orgullosa en ese ámbito, es de que ese acontecimiento histórico de relevo en la Jefatura del Estado tras 39 años se ha producido desde la absoluta estabilidad institucional, desde la absoluta normalidad democrática y desde la absoluta pacífica convivencia.

Dicho eso, le puedo asegurar que el coste de seguridad que no ha sido superior al de eventos que no tienen esa trascendencia histórica ni muchísimo menos. Le podría hablar de eventos deportivos de especial riesgo, por ejemplo; de partidos de fútbol de especial riesgo. Ya no le hablo de otros acontecimientos que se ha producido en España como Mundiales de Fútbol o Juegos Olímpicos; incluso, de dispositivos de seguridad con ocasión de huelgas generales, o de manifestaciones de elevado riesgo. No ha sido superior, ni muchísimo menos, al que en esos otros eventos, que no tienen, insisto, esa relevancia histórica, ha podido significar.

Por lo demás, ha estado informando el Ministerio del Interior de las medidas que se adoptaban, que yo creo que todo el mundo las ha entendido. Y, además, creo que la seguridad no ha sido noticia, lo cual es una buena noticia, ni por sobreactuación, ni porque se hayan producido precisamente problemas derivados de que no había un adecuado dispositivo de seguridad.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.