Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en Consejo de Ministros.

Como saben, desde el inicio de la Legislatura el Gobierno ha llevado a cabo una intensa agenda reformista. En una primera fase, en una primera generación de reformas, hemos acordado que la economía española gane en eficiencia, en flexibilidad y en capacidad de competir, iniciando una nueva etapa de recuperación.

Hace dos años, en el mes de julio, estábamos hablando, y ustedes me preguntaban, de lo que me preguntaban ampliamente, que no era de otra cosa que del rescate. Pues bien, aquí estamos, en el mes de julio del año 2014, comenzando una segunda fase de reformas, una segunda generación de reformas, con las que se pretende consolidar el crecimiento económico, afianzar la creación de empleo y trasladar los efectos de la recuperación a todos los ciudadanos. Se trata de seguir avanzando en las cifras de reducción del paro, como las que hemos conocido esta semana, y de mejorar todavía más los índices de confianza, como los que estamos viendo en los últimos indicadores, tanto a nivel nacional, del Centro de Investigaciones Sociológicas, como a nivel comunitario o de otras instituciones de naturaleza privada.

Como bien saben, hace unas semanas, el 6 de junio, aprobamos un Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficacia en el Consejo de Ministros. Se trataba de un impulso determinante para el crecimiento y la recuperación con un conjunto de medidas en distintos ámbitos. Pusimos ese Plan en marcha y hasta la fecha se han aprobado ya algunas de sus medidas, como la reducción del objetivo de emisión del Tesoro hasta los 55.000 millones de euros; el Programa de Garantía de Unidad de Mercado; el refuerzo de la política de I+D+i, con una aportación extraordinaria de 95 millones de euros para proyectos de investigación; el Programa 100: la línea de innovación global o el instrumento financiero ICO Innovación, Fondo Tecnológico 2013-2015. También medidas de apoyo a la industria, como las ayudas para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, el Plan PIVE 6 o el impulso del transporte por ferrocarril a través del inicio de su liberalización.

Todo esto ha sido medidas acordadas hasta la fecha. Pues bien, hoy le damos un impulso definitivo a ese Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia aprobando un Proyecto de Ley y un Real Decreto Ley que vienen a ejecutar la práctica totalidad de las medidas de ese Plan, con una excepción, la que afecta a la reestructuración de deudas, a la posibilidad de convenios más amplios en los procesos concursales, en la que ya está trabajando un grupo constituido por los Ministerios de Economía, Justicia, Hacienda y Trabajo, para poder presentar --yo espero que antes de las vacaciones-- un conjunto de medidas en ese sentido.

Por tanto, hoy se aprueba especialmente un Real Decreto Ley muy amplio que da cumplimiento a la práctica totalidad de los objetivos previstos en ese Plan de Medidas, que eran: el aumento de los préstamos a la economía productiva; la regulación para la mejora de la financiación, la reestructuración de deuda y el impulso al emprendimiento; el fomento de la internacionalización de la economía española; la mejora de la competitividad en los mercados, especialmente en las infraestructuras y el transporte; y el crecimiento respetuoso con el medio ambiente.

Hoy me acompañan la ministra de Fomento y la ministra de Empleo, porque explicarán dos partes importantes del Plan: una, la que afecta a la mejora de las infraestructuras y del transporte, y, otra, novedades incluidas en los Planes de Garantía Juvenil en este Real Decreto Ley para dar un impulso también a la contratación de trabajadores más jóvenes.

Entrando ya en el contenido de lo aprobado, del primero de los bloques, impulso a la financiación de la actividad económica, especialmente apoyo a la Pyme, a la internacionalización y a la refinanciación de deudas, quiero destacar que hoy mandamos al Congreso de los Diputados, con el Real Decreto Ley, un Proyecto de Ley de Regulación de las Entidades de Capital Riesgo y otras entidades de inversión colectiva. Lo que se busca es impulsar el papel del capital riesgo como un canal de financiación de empresas, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo y consolidación; y creamos la figura de las entidades de Capital Riesgo Pyme, que tendrán un régimen más flexible que les permitirá invertir en deuda y no sólo en capital.

Junto a eso, en el Real Decreto Ley se pone en marcha un programa de garantías y avales del ICO a favor de organismos multilaterales e instituciones financieras internacionales para facilitar el acceso a las mismas de las empresas españolas y de las entidades de crédito; y se adapta y flexibiliza el Fondo para Operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa, el Fonpyme. Además, aprobamos la regulación de las cédulas y bonos de internacionalización, que era una medida prevista en la Ley de Emprendedores, para mejorar las condiciones de financiación y compartir riesgos de estos proyectos.

También llevamos a cabo una medida de refinanciación que afecta esta vez a los entes locales. Vamos a permitir a las entidades locales que refinancien el Fondo de Proveedores para mejorar las condiciones financieras asociadas a su deuda, una vez que cumplan determinados requisitos. Con esto ¿qué hacemos? Equiparamos a los Ayuntamientos, a las Corporaciones Locales, a las Comunidades Autónomas. Dado que han cambiado tanto las condiciones de financiación, permitirles que lleven a cabo la refinanciación de sus fondos de proveedores si pueden acceder a una financiación que sea más asequible.

Segundo de los ejes, funcionamiento competitivo de los mercados, con especial atención al comercio minorista, y el impulso de la unidad de mercado.

Medida importante: a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, límites a las tasas de intercambio exigibles en operaciones con tarjeta, es decir, a lo que se puede cobrar al comerciante minorista por el uso del cliente por la tarjeta: 0,2 por 100 del valor de la operación en tarjetas de débito y 0,3 por 100 en las tarjetas de crédito. Es decir, no se podrá cobrar más que esos márgenes al comerciante cuando los clientes utilicen para el pago tarjetas de crédito.

Y para que no haya ninguna duda, se prohíbe expresamente en el Real Decreto Ley el incremento de las comisiones de las tarjetas para repercutir los gastos al ordenante. Es decir, no va a servir lo de se reducen las tasas de intercambio y se suben las comisiones al ordenante del pago. Está terminantemente prohibido por el Real Decreto Ley.

Se establecen medidas de simplificación administrativa para la apertura, traslado y ampliación de los establecimientos comerciales, adaptando la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Saben ustedes que tenemos un Programa de Unidad de Mercado, que no sólo es la aprobación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, sino que vamos revisando toda la legislación para poder eliminar trabas y generar esa unidad de mercado.

En este Real Decreto Ley van bastante medidas, ésta es una de ellas. Otra, la ampliación de las zonas de gran afluencia turística para aprovechar las sinergias procedentes de la relación entre el turismo y el comercio, y multiplicar su impacto en la generación de empleo. También, garantizamos la unidad de mercado en el régimen de las actividades cinematográficas, sustituyendo determinadas licencias y permisos por declaraciones responsables.

Tercer elemento importante, que explicará la ministra de Fomento, del Real Decreto Ley: la mejora de las infraestructuras y el transporte:

- Se establece un nuevo marco regulatorio en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, en AENA, con el establecimiento de un marco de planificación predecible y estable de la gestión aeroportuaria, y un régimen de transparencia y consulta en la fijación de las tarifas.

- Se modifica el régimen de los Puertos del Estado y se crea, además, un fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria para poder, a través de este fondo, financiar infraestructuras ligadas y que mejoren la accesibilidad de los puertos.

- Se establecen medidas de seguridad del transporte, especialmente del ferroviario, habilitando también a la Agencia de Seguridad Ferroviaria a que las adopte.

- Se regula el uso de los drones, estableciendo condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de trabajos técnicos y científicos, también con plenas garantías para los usuarios y el resto de los ciudadanos.

Otro mercado, el energético, en dos ámbitos: eficiencia y sostenibilidad medioambiental. Se avanza en la liberalización del sector de los hidrocarburos; se liberaliza el sector del gas licuado del petróleo, pero se hace compatible con la protección de los consumidores y la garantía del suministro, de este modo; se mantiene la obligación del reparto domiciliario de la bombona de butano pesada a un precio regulado al operador con mayor volumen de ventas, pero se abre camino hacia la utilización de otro tipo de bombonas, que son menos pesadas y más eficientes.

En el gas natural se establecen medidas para garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema, y se aborda el incipiente problema del déficit de tarifa para prevenir problemas como los que nos ha tocado arreglar en esta Legislatura. Y se revisa la regulación de la retribución de las actividades reguladas con criterios homogéneos y mínimo coste para el sistema.

Muy importante en este ámbito, las medidas de naturaleza medioambiental para impulsar la eficiencia energética. Se crea el sistema de obligaciones para los suministradores de energía, de manera que tienen que dar cumplimiento a los objetivos de reducción establecidos en la Directiva de Eficiencia Energética. Para ello, las empresas comercializadoras de gas y electricidad, y los operadores de productos petrolíferos al por mayor deben acreditar un ahorro anual en función de sus ventas. Las empresas podrán cumplir estos requisitos mediante actuaciones propias que reduzcan el consumo de energía o bien mediante aportaciones a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Se crea, por tanto, en este Real Decreto Ley este Fondo Nacional de Eficiencia Energética que permite la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información, para aumentar la eficiencia. ¿Qué se busca? Dotar con hasta 350 millones de euros anuales este Fondo, compatible también con Fondos Estructurales europeos, para cofinanciar inversiones de ahorro y eficiencia energética en la edificación, el transporte, la industria, los servicios o el sector agrícola. Es decir, de las obligaciones que establece el Derecho Comunitario a los comercializadores, especialmente de energía, lo que se hace es crear un Fondo que permita cofinanciar determinadas operaciones de eficiencia energética y que pueden dar, digamos, una visión renovada a sectores tan importantes como el de la construcción, reorientándoles hacia mejoras en la edificación y la eficiencia energética.

Fomento del empleo. Esto supone, y es el último aspecto al que aludiré- una incorporación a ese Real Decreto-Ley, por cuanto, como explicará ahora la Ministra, se adelantan ciertas cuestiones del Plan de Empleo Juvenil. Se implanta la Garantía Juvenil para menores de veinticinco años que ni trabajan ni se están formando, mediante un sistema de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que será, como explicará la Ministra, de carácter general para todos y mediante incentivos a los contratos que combinan formación y trabajo. Además, se fomentan el trabajo en prácticas, la eficiencia de las políticas activas en los servicios públicos de empleo, y el apoyo a la adaptación de la intermediación laboral también a la unidad de mercado. Se simplifican trámites para este tipo de empresas.

Por último, se incorporan al Real Decreto Ley algunas medidas de contenido fiscal; unas, de corte social y, otras, para apoyo a los emprendedores. Sobre estas últimas: rebaja fiscal a los autónomos. Se incorpora ya a este Real Decreto Ley, para que entre en vigor inmediatamente, un tipo reducido de retención, que pasa del 21 al 15 por 100, a los contribuyentes con menos ingresos que realicen actividades profesionales, cuando sus rendimientos íntegros derivados de estas actividades sean inferiores a quince euros y esos ingresos representen más del 75 por 100 de la suma de sus rendimientos íntegros de actividades económicas y de trabajo. Es decir, se rebaja a los autónomos la retención al 15 por 100, a los que estén en los márgenes previstos en este Real Decreto Ley.

Medidas de orden social, dos importantes: exención fiscal en daciones y ejecuciones hipotecarias. Hasta ahora tributaba en IRPF, y también en el Impuesto municipal del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la ganancia, el incremento patrimonial, que se pone de manifiesto en una dación en pago en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Nosotros consideramos que no puede admitirse que estén sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta, ni al impuesto que se conoce como plusvalías municipales, daciones en pago en procedimientos de ejecución hipotecaria. Las declaramos exentas.

En segundo lugar, saben ustedes el problema que nos encontramos de las preferentes, que ha ido solventándose dentro de los márgenes del Memorándum de Entendimiento de la asistencia financiera a través de fórmulas, especialmente los arbitrajes. ¿Qué hacemos ahora? Damos un paso más para permitir compensar rentas a los clientes financieros. Se permitirá la compensación sin límites en la base del ahorro entre rentas negativas derivadas de deuda subordinada o participaciones preferentes y otras rentas positivas de esta base; es decir, les permitimos compensar lo que han perdido con otras ganancias que puedan tener en renta. Y fijamos una tributación armonizada en los depósitos constituidos en las entidades de crédito en todo el territorio español; fijamos un tipo del 0,03 por 1000 en el tratamiento fiscal de los depósitos bancarios, el 0,003 por 1000.

Éstas son las medidas que se adoptan en el ámbito del Real Decreto Ley. No son las únicas medidas que se incluyen en el Real Decreto Ley, sí son las más importantes, y tendrán ustedes también un listado completo en la Referencia del Consejo de Ministros.

Por otro lado, se aprueba un Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Esta norma, que no se ha modificado desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 mejora los actos de comunicación de documentos judiciales y extrajudiciales, así como la práctica y obtención de pruebas, y modifica el proceso especial dirigido a reconocer y ejecutar en España resoluciones extranjeras.

Por primera vez, regulamos las comunicaciones judiciales directas entre esos órganos y cuestiones decisivas relativas a la prueba del Derecho extranjero, permitiendo, en aquellos supuestos en que no pueda acreditarse el contenido o la vigencia del Derecho extranjero, que se aplique el Derecho español. Se regula con detalle el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras.

Además, también en el ámbito de la mejora judicial, aprobamos un Real Decreto que modifica la regulación del Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, y que crea el Fondo Documental de Requisitorias. Me explico: lo que queremos es mejorar la protección a las víctimas de agresiones y agilizar las comunicaciones entre Administraciones con acceso al Sistema de Registros. Les recuerdo a todo ustedes que se dan casos en los que, por falta de comunicación de determinados actos judiciales, al final no podían prevenirse otros delitos posteriores.

¿Qué se hace? Las medidas cautelares de protección que adopte un tribunal se grabarán de forma inmediata en el Registro Central de Medidas Cautelares; una vez dictada, se graba. Ya no habrá que esperar a que se notifiquen al imputado. Muchas veces no es sencilla esta notificación, porque no es sencilla la localización. Así se garantiza la protección de las víctimas, de todas, desde el mismo momento en que se dicta la medida. Se dicta la medida, está grabada y ya saben todos los que tienen acceso a ese Registro que esa persona tiene una medida cautelar.

Esta novedad se había incorporado al Registro Central para la Protección de Víctimas de Violencia de Género y ahora se extiende al resto de las víctimas; no sólo de violencia de género, sino, en general, a todo tipo de delitos.

En segundo lugar, las comunicaciones con la Dirección General de Tráfico de los datos relativos a cualquier pena o medida relacionada con la seguridad vial se harán, a partir de ahora, de forma telemática. Hasta ahora, esta información se remitía por el secretario judicial de cada Juzgado en papel y, claro, tardaba un tiempo y había ocasiones de extravío. Ahora lo que se hace es, una vez que se dictan penas o medidas en materia de seguridad vial, se inscriben inmediatamente y, de esta manera, otros organismos con interés en su conocimiento, como pueden ser los encargados del control de tráfico, pueden tener conocimiento, por ejemplo, de que se ha privado del carné de conducir a una persona.

Además, se crea un Fondo Documental de Requisitorias, con la información necesaria para poder resolver acerca de la situación personal del requisitoriado a través de un sistema informático accesible en cualquier momento desde cualquier órgano judicial. Es decir, del que está en esa situación de búsqueda, que se sepa y se sepan sus condiciones.

También, cuando un ciudadano de la Unión Europea solicite un certificado de antecedentes penales español, estará obligado a tramitar el certificado de antecedentes penales del país de origen.

Más cuestiones; otras dos. Como ustedes saben, el Tribunal Supremo ha anulado por sentencia el Real Decreto 1301/2006 en materia de normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos. El Tribunal Supremo lo ha anulado, no por su contenido, sino por falta de rango legal de este Real Decreto del año 2006. Lo que hacemos es, para evitar el vacío legal, que mediante Real Decreto Ley se asume el contenido del Real Decreto anulado por defecto de forma y se le da una cobertura legal.

Sólo quiero recordar que, de acuerdo con los datos de la Organización Nacional de Trasplantes, en nuestro país cerca de cuatrocientas mil personas han recibido algún trasplante de tejidos y células desde que hay registros, y en la actualidad se celebran más de quince mil trasplantes al año. En España, como saben, ostentamos el liderazgo mundial de donación y trasplantes de órganos, gracias a un modelo basado en voluntariedad, anonimato, altruismo y solidaridad, que también rige en estos trasplantes.

Por tanto, aprobamos este Real Decreto Ley inmediatamente, para que no haya ningún vacío legal.

Por último, Acuerdo por el que se aprueba la participación española en la Estrategia de Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Es un programa en el que especialmente estarán implicados los Ministerios de Educación, de Empleo y de Industria para profundizar en el análisis de nuestro sistema de formación y adquisición de cualificaciones. La Estrategia supone que un equipo técnico de la OCDE, especialmente analistas en materia de educación y empleo, diseñará herramientas de recogida y análisis de datos, elaborará un diagnóstico y contribuirá a identificar las prioridades que se recogerán en el correspondiente plan de acción.

Para los muy cafeteros, en la nota del Consejo de Ministros les recomiendo la lectura de un Real Decreto que se llama Tarjeta de Movimiento Equino. Es una medida de ejecución de la CORA y no se rían ustedes porque nos llegó el informe a través del Buzón del Ciudadano. Los ciudadanos se quejaban de que para mover un caballo en España necesitaban innumerables permisos de numerosas Administraciones Públicas, que tenían que obtenerlo presencialmente y que sólo tenía una vigencia de cinco días, con lo que, si tenías algún tipo de percance, te quedabas en situación irregular a la mitad del trayecto.

Aprobamos esa tarjeta con trabajo conjunto de todas las Comunidades Autónomas, será telemática, única y tendrá una vigencia de treinta días. Ha sido fácil. Nos ha costado un año, pero agradecemos a los ciudadanos que nos lo comunicaron en el Buzón su aportación, y eso lo hemos cumplido.