Respuestas a los medios de comunicación

P.- Quería preguntarle a la ministra de Fomento por el bloqueo de Hacienda a los pagos de ADIF a las constructoras del AVE. Están asfixiadas estas empresas y amenazan, incluso, con paralizar obras. Entonces, yo quería saber qué va a hacer el Gobierno y si le parece bien el ejemplo que se da, dado que se han aprobado leyes para pagar a tiempo a los proveedores y el Gobierno parece que no esté predicando con el ejemplo en esta cuestión concreta.

Después, a la ministra de Empleo quería preguntarle por las indemnizaciones por despido. ¿Qué va a ocurrir finalmente? Porque el secretario de Estado de Hacienda dijo ayer que la tributación que se va a poner a las indemnizaciones por despido se está debatiendo con los agentes sociales; pero los agentes sociales, por lo menos UGT, han dicho que no se ha establecido ningún contacto con ellos. ¿El Gobierno está dispuesto a cambiar esta medida que está ahora en estudio público en este procedimiento?

Por último, a la vicepresidenta. Nos ha comentado que hace dos años le estábamos preguntando continuamente por el rescate; ahora mejora la confianza, hay una mejora del empleo en los últimos datos y parece que todas las medidas que se están aprobando en el Consejo de Ministros son de impulso; no hay recortes. ¿Se ha acabado ya el período de recortes en España y de ajustes del gasto público o de esfuerzos que se les van a pedir a los ciudadanos? ¿Y cuánto van a costar estas medidas de impulso que se están aprobando? ¿Tienen algún cálculo o va a ser compatible con el objetivo de déficit.

Sra. Pastor.- A la primera pregunta que usted ha hecho, no tengo encima de mi mesa ninguna reclamación. Sabe que el ente público al que usted hace referencia se financia, en buena medida, con deuda pública y los ingresos por cánones, y lo que va haciendo es emitiendo deuda pública. No sé si usted a lo que se referirá, que está pendiente en este momento --ya hizo una emisión de deuda pública--, a la autorización de deuda pública. Pero yo no tengo otro conocimiento más que el que usted me está haciendo referencia.

Sra. Báñez.- Respecto a la indemnización por despido, yo quiero resaltar varias cosas. La primera es que ya tributaban en nuestra normativa fiscal las indemnizaciones por despido. Lo que ha hecho el Gobierno es presentar una propuesta de equidad, porque tenía el mismo tratamiento fiscal una persona que cobraba doce mil euros al año que una que cobraba doscientos mil, y nos parecía que ahí había que meter justicia y equidad fiscal.

Por otra parte, antes de la presentación del Proyecto de Ley y su paso por el Consejo de Ministros, el Gobierno está manteniendo un diálogo y una negociación con los interlocutores sociales, y ya ha empezado a recibir propuestas alternativas de ellos, para que entre todos busquemos la mejor solución sobre esos criterios: que haya una tributación más equitativa y más justa. Porque hoy ese tratamiento fiscal es el mismo, insisto, para aquellos que tienen salarios mucho más bajos, de doce mil euros, que para el que tiene doscientos o trescientos mil euros al año de salario.

Además, quiero resaltar, que es muy importante, que ya ha señalado el Gobierno en la presentación de la reforma fiscal que, en todo caso, la propuesta que presentó dejaba exentos de tributación a más del 80 por 100 de los contribuyentes, con lo cual estaban salvados de tributar aquellos ciudadanos que recibían salarios medios y salarios bajos.

Por tanto, estamos recibiendo propuestas y alternativas a esta inicial propuesta del Gobierno sobre la tributación por indemnización por despido.

Vicepresidenta.- Sobre su última pregunta, efectivamente, hace dos años aquí de lo que hablábamos era del rescate y las posibles consecuencias que la petición de un rescate hubiera supuesto para la sociedad española. Sólo hace falta que reflexionemos o recordemos las medidas que en relación con las pensiones, o los sueldos de funcionarios públicos, o las prestaciones por desempleo, se han adoptado en otros países que se vieron abocados a pedir un rescate.

Aquí, en España, la sociedad española hizo un esfuerzo tremendo y se adoptaron muchas medidas. Hemos conseguido evitar eso que, indudablemente, hubiera consistido, como hemos visto en otros Estados, en unos ajustes en el Estado del Bienestar muy grandes. Aquí lo que se ha procurado, y lo hemos hecho, es mantener las pensiones; de hecho, no se han congelado, y hemos establecido un régimen para su actualización constante; además, en un momento en que la inflación es muy moderada. Se han mantenido las prestaciones por desempleo, que son la parte de los servicios sociales que más depende de la Administración General de Estado. Y se ha tratado de preservar, pagando además las deudas pendientes, por ejemplo los dieciséis mil millones de la deuda sanitaria, los otros grandes pilares del Estado de Bienestar.

Ahora, como decía, estamos ante otro momento diferente. Hemos pasado por una situación tan grave y tan crítica de España --estuvimos al borde del abismo--; estamos consiguiendo cumplir los objetivos de consolidación fiscal y, como ya les señaló el ministro Montoro la pasada semana, cuando presentamos los objetivos de estabilidad presupuestaria --ya conocen ustedes las cifras--, no va a haber más ajustes.

Ahora de lo que se trata es de centrarnos en medidas de crecimiento. La reforma fiscal es una medida de impulso y este paquete de medidas de competitividad y de eficiencia lo es, y es por donde tenemos que seguir trabajando. Lograr, además, que en determinados sectores y en determinados mercados seamos más competitivos y logremos generar empleo; y, además, adoptar medidas específicas para colectivos como el juvenil, que lo hemos hecho hoy, que tienen más dificultades de acceso e impulsar por esa vía.

Me pregunta por el coste. Se lo señalamos cuando aprobamos este Plan. Es plenamente compatible con los objetivos de consolidación fiscal y son medidas que estaban previstas en el Plan Nacional de Reformas. Se harán con los créditos presupuestarios que tenemos, salvo el Real Decreto Ley de créditos extraordinarios para los Programas de I+D, que además sabe que tienen un cómputo especial en materia de déficit, y lo que afecta al PIVE 6. Estamos cumpliendo con nuestros objetivos presupuestarios e incorporaremos, además, y, en la medida de lo posible, lo anticiparemos, la recepción o lo que vamos a recibir de Fondos Estructurales europeos, porque es importante en paquetes como el de eficiencia energética.

Queremos trabajar en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales para hacer todos juntos programa de eficiencia energética coordinados, que nos permitan, en ámbitos como la edificación o la vivienda, en los que tienen competencias, y también en el ámbito de los modelos urbanos, poder adoptar medidas que generan mucho ahorro en materia energética, pero que además son muy intensivas en mano de obra a la hora de los cambios y de las reposiciones.

Pero, como digo, lo hacemos con los créditos presupuestarios que teníamos, con pleno cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal y tratando, en la medida de lo posible, de anticipar y maximizar los fondos europeos que tenemos para estas materias.

P.- Para la vicepresidenta. Querría una valoración del Gobierno ante las reticencias del Partido Socialista a la propuesta planteada por el presidente del Gobierno en torno a la elección de alcaldes, considerando que es oportunista hacerla a escasos meses de unas elecciones municipales, y si el Gobierno estaría dispuesto a seguir con ella adelante sin el apoyo del PSOE.

Por otro lado, ¿el Gobierno comparte el temor expresado por el presidente de la Comunidad Valenciana de que se pueda extender por ese territorio un frente soberanista? ¿Comparten con él que podría evitarlo una mejora de la financiación autonómica?

Vicepresidenta.- Sobre la reforma de la Ley Electoral en materia de los alcaldes, la propuesta, que en este caso ha efectuado el partido que apoya al Gobierno, es un asunto que se ha presentado a los ciudadanos en el programa electoral, no sólo de su partido sino también, por lo que en su día vi y por lo que se ha recordado en estos días, en los programas electorales de otros partidos políticos. Se trata de, dentro de las medidas de acercar a los ciudadanos determinada toma de decisiones, la garantía de que aquella persona que ha recibido, en este caso aquella candidatura, un mayor número de apoyos, que tiene la mayoría, pueda gobernar. En términos de democracia, parece ser lo lógico, pero no siempre es así.

Se ha lanzado una propuesta para el debate. Yo creo que el debate es importante, es constructivo. Creo que los ciudadanos valoran que, al final, se respeten las decisiones de la mayoría y, desde luego, el Gobierno está dispuesto a ayudar y a colaborar con los partidos políticos en la redacción o en la búsqueda de un consenso en este punto, que yo creo que sería importante.

Me parece que si en otros momentos varios partidos, en este caso los dos grandes partidos llamados a alternarse en el poder, lo han defendido en sus programas electorales será porque algo tiene de bueno. No creo que eso se pierda por el momento en que se presenta. Habrá que trabajar para lograr ese entendimiento.

Sobre los temas de la Comunidad Valenciana, yo comprendo la visión del presidente de la Generalitat que considere que la autonomía de la Comunidad Autónoma pueda verse minorada como consecuencia de determinados postulados de ciertos partidos políticos en la Comunidad Autónoma, que consideren que su relación con otras Comunidades Autónomas tiene que ser distinta en el terreno de autonomía que tienen entre Comunidades Autónomas; o que quieran, como otras Comunidades lo hacen, poder tener y disfrutar de sus hechos diferenciales propios, que no tienen por qué ser los mismos ni tienen por qué provenir de otro tipo de Comunidad Autónoma.

No obstante, el debate de la financiación también es un debate más amplio porque, sin perjuicio de que pueda utilizarse por algunos partidos políticos, en el debate político estamos hablando de la financiación de los servicios públicos, y eso es lo que interesa desde el punto de vista del Gobierno: cómo logramos el mejor sistema que garantice suficientes ingresos públicos para prestar esos servicios públicos en garantía para todos.

Para nosotros éste es el eje central en el diseño del modelo de financiación, aunque sí entendemos, porque se ha visto y lo hemos constatado, que en el debate político, a veces, se utilizan por determinadas fuerzas estas cuestiones al servicio de sus intereses políticos que los ciudadanos valencianos tendrán que valorar, como consecuencia de que son ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, de acuerdo con nuestra Constitución y sus Estatutos de Autonomía.

P.- Vicepresidenta, sobre otra propuesta del presidente del Gobierno, que ha formulado esta semana, de recortar el número de aforados, yo quería saber cómo y cuándo se va a proceder a ese recorte de los casi diez mil aforados que hay en España; si afectará a jueces y fiscales, que son la mayoría, o también a políticos. ¿Cuál es la idea que maneja el Gobierno del PP en estos momentos?

A la ministra de Fomento. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha criticado el modelo de privatización de AENA y se muestra favorable a la privatización por lotes. Yo quería saber si el Gobierno va a cambiar su orientación sobre este modelo y no privatizar en bloque, como era su idea original.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, cuando hace unos meses… Aquí, a veces, parece que las cosas salen de nuevo en el debate, pero aquí ya hay un historial de reformas de regeneración democrática; no sólo la Ley de Transparencia y los cambios que se han hecho en la legislación de partidos, que ya está aprobada; sino las propuestas de los cambios en el Código Penal y las leyes que el Gobierno remitió hace dos meses al Congreso de los Diputados. Ahí nosotros lo que planteábamos era una Ley más amplia del control económico-financiero de los partidos políticos y del Estatuto de los Altos Cargos.

Como saben, cuando las enviamos a las Cortes, convocamos una reunión con todos los Grupos Parlamentarios sobre esas leyes y la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas. En particular, de lo que se habló en esa reunión era de las reformas en el Código Penal; pero también de determinadas medidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esa reunión salió el asunto de los aforados e, indudablemente, hay que tener presente que el Gobierno tiene en marcha una Ley Orgánica del Poder Judicial, que es donde se regulan --éste es el segundo tema en el que quiero incidir-- algunos de esos aforamientos.

Aquí hay que explicar varias partes. En primer lugar, hay aforamientos que vienen determinados por nuestra Constitución. Nuestra Constitución señala, por ejemplo, qué diputados y senadores están sujetos, en el ámbito penal y civil, a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Y hay otros aforamientos que están regulados o están determinados por Estatutos de Autonomía; por poner un ejemplo, presidentes y consejeros de los Gobiernos autonómicos. Como ustedes saben, los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas de las Cortes Generales, pero también son leyes de los territorios de las Comunidades Autónomas, con lo que el tratamiento de esa cuestión es un tanto distinto, al menos desde el punto de vista procedimental.

Por tanto, nosotros, en el seno de esa reunión, y también al hilo de la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, queremos plantear a los Grupos --ya se planteó en esa reunión y quedamos en trabajar; quedamos, como les informamos entonces, en fijar una serie de índices de temas de debate, y uno de ésos era el asunto del aforamiento-- y queremos trabajar para poder entre todos --allí hay distintos partidos políticos que han reflexionado, igual que hemos hecho nosotros, sobre esta cuestión-- cómo abordamos un tratamiento global de este asunto.

Por lo tanto, hay aforamientos previstos por una norma con rango de Ley, en los que la modificación puede hacerse de una manera más o menos relativamente sencilla; aforamientos previstos por leyes orgánicas que aprueban Estatutos de Autonomía, en cuyo caso también es importante la voluntad de las Comunidades Autónomas y el acuerdo con ellas; y aforamientos que vienen previstos en la Constitución.

Entonces, en ese marco, como digo, empezamos a trabajar y seguiremos trabajando. Hubo contactos en las últimas semanas y en el mes de septiembre retomaremos ya los trabajos con plena intensidad porque, además, nuestro acuerdo fue que las leyes, especialmente estas dos --control económico-financiero de los partidos y Estatuto del Alto Cargo--, estén no sólo acordadas, aprobadas en diciembre del año 2014.

O sea, ése es el marco en el que ya estamos trabajando y vamos a seguir trabajando.

Sra. Pastor.- Con respecto a su pregunta, quiero decirle el Gobierno, como sabe, defendemos un modelo en red de los aeropuertos españoles y precisamente es lo que queremos. Lo que queremos es garantizar que haya una red de aeropuertos, queremos que se preserve ese servicio público y garantizar la movilidad de los ciudadanos. Tanto es así que, no solamente es que nos parezca que ése es el modelo, sino que, como usted sabe, hace dos años y medio los aeropuertos españoles tenían un déficit, una caja negativa, de quinientos millones, y en estos momentos estamos en un superávit, en un más ochocientos millones. Es decir, con una muy buena gestión, o una buena gestión, se pueden hacer eficientes los aeropuertos. Lo que me extraña es que nadie se hubiera dado cuenta de que cuando no había competencia real es cuando los aeropuertos perdían dinero a chorro y cuando se invertían cientos de millones en obras innecesarias.

Dar competencia, como usted sabe, es fundamentalmente garantizar que los ciudadanos tengan tarifas que sean competitivas y que los aeropuertos españoles sean competitivos con respecto a los de países de nuestro entorno; que, por cierto, en este momento las tasas de aeropuertos, comparadas en algunos casos ya, las de España son la mitad que las de aeropuertos de nuestro entorno, precisamente porque trabajamos en red. Por lo tanto, ése es el modelo que defiende el Gobierno.

P.- Mi pregunta es para la vicepresidenta. Siguiendo con ese plan de regeneración democrática y con la elección directa de alcaldes, y con esas críticas que ha habido de la oposición, querría saber si el Gobierno estaría dispuesto, en último caso, a aprobarlo en solitario, solamente con los votos del Grupo Popular, mayoritario en la Cámara.

Vicepresidenta.- Como decía, ésta es una cuestión que afecta fundamentalmente a los partidos y yo creo que estas cosas hay que construirlas paso a paso. Creo que hay que trabajar en una propuesta e imagino que el Partido Socialista estará dispuesto a estudiarla, así lo ha manifestado. También, lógicamente, dependerá de que pasen estos momentos temporales y con la estabilidad y serenidad que necesitan estas cosas se abra un diálogo. Entonces, yo creo que estas cosas hay que hacerlas poco a poco y no merendarse la cena.

Ya digo, trabajar por el diálogo. Ha habido momentos en que coincidían los programas de los dos principales partidos y también habrá que hablar con otros. Como digo, desde el Gobierno, nuestra voluntad de colaborar y ayudar con cuanta información sea necesaria en ese punto.

P.- Mis preguntas también son para la vicepresidenta. Insistiendo en la agenda de reformas del Ejecutivo, el lunes también en Génova se habló de la posibilidad de reducir el número de diputados autonómicos y de reducir municipios. Me gustaría saber si también éste va a ser un planteamiento formal por parte del Ejecutivo y si va a trabajar en este sentido.

En un segundo orden de cosas, y teniendo en cuenta el respeto a las decisiones judiciales, al mundo judicial, me gustaría preguntarle por ese rifi-rafe que están manteniendo el fiscal y el juez Castro, y si esto es bueno o malo para la Justicia.

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta en relación con la reducción del número de diputados autonómicos y otro tipo de medidas, cuando aprobamos el Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas en junio del año pasado, uno de los puntos en los que entramos fue precisamente en el ámbito de las recomendaciones en las instituciones autonómicas. Entramos en el ámbito de los Parlamentos autonómicos y en algunas otras instituciones autonómicas, porque considerábamos que podrían suprimirse, o al menos reducirse, en términos de eficacia, los gastos de esas instituciones, y ése es uno de los puntos que abordábamos.

Se analizó por parte de los que llevaron a cabo el Informe de la llamada CORA, de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, y una de las medidas que se aconsejó fue esa reducción de diputados autonómicos, igual que en el ámbito de las empresas públicas y en el ámbito de determinados órganos de las Comunidades Autónomas. Ésa era nuestra recomendación, porque no es un asunto en el que el Gobierno y la Administración General del Estado puedan decidir, por cuanto el número de diputados autonómicos depende de los Estatutos de Autonomía, en algunos casos, y, en otros, de las leyes electorales de las Comunidades Autónomas.

Desde esa evaluación que hicimos hace un año… Es que estos debates no son nuevos; lo que pasa es que, probablemente, el año pasado el debate era sobre otra cosa y esto pasó más desapercibido; pero el documento está ahí. Yo creo que en el mismo resumen tienen incluso un parrafillo de esa recomendación; se recomendaba a las Comunidades Autónomas que, igual que podían o reducir gastos o eliminar algunos órganos propios --de hecho, lo han hecho algunas Comunidades Autónomas; estoy hablando de los Defensores del Pueblo, que en unas se han suprimido y en otras se han redimensionado--, también aconsejábamos que se redujera el número de diputados autonómicos. Algunas lo han hecho; algunas, con reformas estatutarias y otras, con reformas legales.

Nuestra recomendación entonces, porque, como digo, no es competencia del Gobierno… Nosotros no podemos entrar a reducir, con nuestra sola voluntad, ese número de diputados, pero sí lo recomendamos en su día. Entonces, desde el Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas nuestra satisfacción es que, aunque sea un año después --entre tanto, ya digo, hay Comunidades Autónomas que lo han hecho--, ese debate y esa recomendación que nosotros hicimos, si bien como recomendación porque no era nuestra competencia, estén encima de la mesa.

Sobre el segundo asunto, yo tengo que respetar las decisiones judiciales y los procedimientos judiciales, y el ámbito de los recursos que se plantean entre las partes, incluido como tal el Ministerio Fiscal, y los órganos constitucionales. No puedo entrar a valorar ni una ni otra posición. Esto lo decide el tribunal sentenciador y, en su caso, los que conozcan de ulteriores recursos, pero no el Gobierno.

Muchas gracias.