- La clara mejora de la situación económica pone de manifiesto que la política fiscal desarrollada desde el principio de la legislatura ha sido la correcta.
- Los Presupuestos para 2016 contemplan restituir el especial esfuerzo llevado a cabo por los empleados públicos, con un incremento salarial del 1 por 100, el primero en seis años.
- Conllevan un importante incremento de los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, cuyo principal gasto es sanidad, educación y servicios sociales.
- Dan continuidad a las inversiones del Plan CRECE, optimizando la aplicación de los Fondos comunitarios con las necesidades de inversión nacionales.
- Se incrementarán partidas fundamentales, como las destinadas a investigación civil y la financiación de la LOMCE, y se mantiene el gasto en inversiones.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, unas cuentas que tienen un destacado carácter social.
Estos Presupuestos ratifican la política económica implementada en los últimos años y potenciarán los buenos resultados obtenidos gracias a las medidas llevadas a cabo en estos cuatro años. Se trata, por tanto, de unas cuentas confeccionadas bajo la misma premisa de impulso del crecimiento de la economía española y de la creación de empleo. El cumplimiento de estas cuentas permitirá mantener el compromiso con el gasto social, que supone el 53,5 por 100, con un aumento de, 3,8 por 100.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 vienen a culminar la política fiscal desarrollada por el Gobierno desde aquel primer y difícil presupuesto realizado para el ejercicio 2012. Estos cinco Presupuestos han sido elaborados cada uno adaptándose a la realidad económica en la que se encuadraban, conteniendo los elementos necesarios para salir de la grave crisis económica en la que se hallaba España. Con esta política hemos logrado llegar al momento actual, creciendo a un ritmo cercano al 4 por 100 en términos anualizados, sin inflación y con una evolución muy positiva de todas las variables, consumo, inversión, exportaciones, y sobre todo generación de empleo. Así, se prevé abandonar a partir de 2016 el Procedimiento de Déficit Excesivo en el que está incursa España desde 2009.
Buenos resultados de la política fiscal aplicada
Esta clara mejora de la situación económica pone de manifiesto que la política fiscal desarrollada desde el principio ha sido la correcta: consolidación fiscal y reformas estructurales. Los Presupuestos para 2016 siguen igualmente la línea marcada de los anteriores y tienen como objetivo principal potenciar los buenos resultados alcanzados. Por tanto, su misión será consolidar el crecimiento y la creación de empleo.
Los Presupuestos Generales del Estado, que parten del adelanto de la reforma tributaria que debía entrar en vigor en enero de 2016, conllevan un importante incremento de los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, que servirán para mejorar las prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales. De esta forma, la financiación de las Administraciones territoriales se incrementará en 2016 en 8.000 millones de euros (un 7,8 por 100) respecto al año anterior.
Ingresos
El total de ingresos no financieros para 2016 después de la cesión a los Entes Territoriales alcanzará los 134.773 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,8 por 100 respecto a los Presupuestos de 2015.
Los ingresos tributarios antes de la cesión a los Entes Territoriales supondrán en 2016 193.520 millones de euros, un 4 por 100 más que en el Presupuesto de 2015. Por figuras impositivas, la recaudación por IRPF llegará a los 75.432 millones, con un incremento del 3,4 por 100.
La recaudación por el Impuesto de Sociedades registrará un incremento del 5,5 por 100, hasta los 24.868 millones de euros. Los ingresos por IVA crecerán, por su parte, el 4 por 100 hasta los 62.663 millones, mientras que los ingresos por Impuestos Especiales suben el 0,8 por 100 hasta los 20.053 millones de euros.
Gastos
El impacto favorable del crecimiento y el efecto en la recaudación hacen que el presupuesto de gastos venga marcado por la recuperación social. La reducción del gasto en desempleo y de la carga financiera de la deuda pública va a permitir incrementar el gasto social, que aumenta un 3,8 por 100.
Cabe destacar que se trata de unos Presupuestos en los que se incrementarán partidas fundamentales, como las destinadas a la investigación civil, la financiación de la LOMCE, la cooperación internacional, el fomento del empleo, la mejora de las ayudas a familias y el sistema de dependencia, así como el Plan especial de reubicación de refugiados.
Empleados públicos
Las cuentas públicas para el año que viene recogen, asimismo, el cumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso de compensar, en la medida de lo posible, los esfuerzos realizados por los ciudadanos como consecuencia de las medidas de ajuste que fueron necesarias acometer. Los empleados públicos, cuya aportación fue esencial para salir de la crisis, van a ver actualizadas sus retribuciones al 1 por 100, después de la rebaja de 2010 y de los años de congelación salarial, y se les restituirá el 50 por 100 de la paga extra que no cobraron en el año 2012. De igual manera, se recupera el sexto día por asuntos particulares, y hasta otros tres días en función de la antigüedad. Por otro lado, se establece una tasa de reposición del 100 por 100 para sectores prioritarios y del 50 por 100 para el resto.
Son unos Presupuestos que también dan continuidad a las inversiones del Plan CRECE, plan que está procurando alinear los objetivos de los fondos comunitarios con las necesidades de inversión nacionales, apoyando el crecimiento económico de la forma más eficiente posible.
En la Ley, que ahora deberá ser tramitada en el Congreso de los Diputados, primero, y en el Senado, después, se recoge, asimismo, la exigencia de emisión de informes tendentes a asegurar que las actuaciones de apoyo a Pymes, a empresas de base tecnológica y a jóvenes emprendedores se configuran de forma que resulten compatibles con la financiación concedida por la Unión europea para este tipo de actuaciones con el fin de maximizar la capacidad de absorción de fondos comunitarios de las políticas emprendidas.