- Basado en el Acuerdo Marco de Intermediación Laboral, supone un impulso a la intermediación laboral para mejorar el mercado de trabajo y fomentar la movilidad geográfica
- El presupuesto base del contrato es de 41,7 millones de euros a distribuir entre 2015 y 2016
El Consejo de Ministros ha aprobado un contrato del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con las Agencias de Colocación sobre la base del Acuerdo Marco de colaboración con estas entidades de 2013.
El Acuerdo Marco de Intermediación Laboral, aprobado en agosto de 2013, supuso el establecimiento de la arquitectura común de la colaboración público-privada en España y una preselección de ochenta agencias con las que ahora pueden formular contratos los Servicios Públicos de Empleo. Los Servicios Públicos de catorce Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal se adhirieron al Acuerdo.
Colaboración público-privada
El contrato supone un impulso a la intermediación laboral, aprovechando los beneficios de la colaboración público-privada.
El objetivo del contrato es la colaboración de demandantes de empleo de todo el territorio nacional en el plazo de un año desde la formalización de los contratos con las agencias adjudicatarias. Están excluidos Ceuta y Melilla y los beneficiarios del PREPARA, dado que en ambos casos existe otro procedimiento específico.
El contrato contará con un presupuesto total de 41,7 millones, a distribuir entre 2015 y 2016: 5 millones y 36,7 millones, respectivamente.
Una característica relevante es la identificación de cuatro lotes de contratación en función del perfil de los desempleados a insertar. Se clasifican en función del tiempo que lleven registrados como demandantes de empleo, con un mínimo de tres meses: tres-seis meses, seis meses-un año, uno-dos años y más de dos años.
Además, siguiendo el esquema que ya establecía el Acuerdo Marco, estos servicios de colaboración se retribuirán en función de los resultados, medidos en términos de la inserción efectiva de los demandantes de empleo durante, al menos, seis meses, contados dentro de un período de ocho meses. Habrá incentivos adicionales por contrataciones de mayor duración. Todo ello, sin perjuicio de importes mínimos por beneficiario atendido, para favorecer un tratamiento individualizado y la adecuada orientación para el empleo.