Informe del anteproyecto de Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del informe del Anteproyecto de Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. Este documento tiene como objetivo la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia y forma parte del paquete de medidas para garantizar la protección a la infancia que ha puesto en marcha el Gobierno.

De acuerdo con la definición de violencia de la Convención de los Derechos del Niño la nueva Ley contemplará la prohibición expresa de toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Además, fomentará la sensibilización ciudadana de rechazo, con especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad como son los menores con discapacidad, los menores extranjeros no acompañados, las victimas de trata y los colectivos LGTBI.

El interés superior del niño y la niña, la igualdad y la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida posible de la protección a la infancia ante cualquier forma de violencia son los principios en los que se asienta esta futura normativa.

Una Ley que será de carácter integral al abarcar todos y cada uno de los sectores y ámbitos con los que conviven los niños y niñas menores de edad: familia, educación, entorno socio-sanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores jurídicos.

Para todo ello, se pondrá en marcha un registro único de información sobre menores víctimas que permita focalizar toda la información estadística sobre la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia.

También se actualizarán materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores con especial referencia a los supuestos de privación de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento y adopción, velando por el interés del menor.

La norma también incidirá en la importancia de la prevención de la restauración del derecho a las víctimas y el respecto a las necesidades de cada uno de ellos en el momento de la intervención. Una Ley que también recogerá el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia.

El trámite de esta normativa se inició a través de una consulta pública en la web del ministerio cuyo plazo finaliza el próximo 17 de septiembre. Tras diferentes reuniones mantenidas con varios ministerios, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, sociedad civil, entidades sociales, sociedades científicas y profesionales y partidos políticos, el proceso de diálogo participado continuará con la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Infancia. Se prevé que el Consejo de Ministros pueda aprobar este Anteproyecto de Ley antes de que acabe el año.